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Examinando Trabajo de investigación por Materia "Daños al Estado"
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Ítem Propuesta de reformas legales para mejorar el resarcimiento de los perjuicios ocasionados al Estado, identificados en los informes de control de la Contraloría General de la República, período 2017(Contraloría General de la República. Escuela Nacional de Control, 2022) Ortiz Rivero, Jaime Antonio; Medianero Burga, DavidLa escasa efectividad del resarcimiento de los perjuicios ocasionados al Estado a partir de la responsabilidad civil identificada en los informes de control de la CGR, que actualmente incorporan solo a funcionarios públicos de escasa solvencia económica y no a los terceros (empresas contratistas, por lo general) que coadyuvaron a ocasionar el perjuicio, es un serio problema público. En efecto, los daños y perjuicios ocasionados al Estado, que son evidenciados en los informes de control que identifican responsabilidad civil en funcionarios y servidores públicos, no se cobran o estarían siendo mínimamente resarcidos, no obstante que los respectivos procesos civiles iniciados por la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República son mayoritariamente exitosos. En la última década las sumas sentenciadas a favor del Estado por daños identificados en informes de control, han sido por varios cientos de millones de soles, pero las sumas recuperadas en la etapa de ejecución de sentencia han sido mínimas. En el presente trabajo de investigación aplicada, se pretende explicar las relaciones causa-efecto de este problema y formular dos propuestas de cambio del marco legal. Una, generar incentivos en los funcionarios y servidores públicos a fin que cumplan con pagar las sumas sentenciadas antes mencionadas. Dos, incorporar a los terceros, especialmente en el caso de los contratistas del Estado, cuando en los informes de control se hubiera determinado que habrían ocasionado un daño al Estado por incumplimiento de sus respectivas obligaciones, individualmente o coadyuvando con los funcionarios y servidores públicos. Las citadas propuestas requieren conocer la situación actual sobre la materia y realizar un andamiaje jurídico que nos permita sustentar su viabilidad y legitimidad, pues su implementación producirá cambios notables en la ejecución del control gubernamental, en sus resultados y en el valor agregado que el ente rector de control brinda a la población.